Frente nacional exige ahora nueva ley de medios

Frente Nacional exige ahora nueva ley de medios Al mediodía del miércoles 20 de febrero, decenas de agrupaciones y ciudadanos decidieron crear en la ciudad de México, el Frente Nacional por la Nueva Ley de Medios, la mayor expresión civil organizada del último cuarto de siglo, que reclama para la nación una expedita legislación, incluyente, justa y transparente. Reproducimos las palabras de algunos de los oradores que, en ese momento inaugural, explicaron las motivaciones sociales, económicas y políticas para exigir cambios a la obsoleta y desigual legislación actual de radio, televisión y telecomunicaciones. Denise Dresser Estamos aquí hoy porque creemos que el fortalecimiento de la democracia en México debe pasar por una nueva ley de medios. Acontecimientos recientes han evidenciado el papel que juegan los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, en la vida de nuestro país; se han convertido en muchos casos en poderes fácticos por encima de las instituciones, con la capacidad de doblegar a la clase política, distorsionar el comportamiento de las instituciones, cercenar la libertad de expresión de los individuos y determinar el curso de las políticas públicas, con efectos nocivos para la calidad de la vida democrática en México. Ahí está el decretazo con el cual se eliminó el impuesto que las televisoras, como función pública, tenían que retribuirle al Estado. Ahí están las concesiones para casinos, otorgadas por quienes quisieron cortejar a los medios para fortalecer sus candidaturas presidenciales; ahí está el chantaje a los políticos durante la elección de 2006; ahí está la aprobación de la llamada Ley Televisa y el sometimiento institucional por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores. Todo ello revela el poder creciente de los llamados supra poderes mediáticos, cuyo comportamiento secuestra nuestros derechos y amordazan nuestras libertades, poderes con la capacidad de socavar los procesos democráticos. Hace meses como, ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia, con la ayuda de senadores inconformes y la sociedad civil echó para atrás la Ley Televisa, pero eso nos regresó a la legislación existente, esa que no evita los fenómenos de concentración monopólica. Esa ley no asegura la eficacia del Estado en la administración y regulación de un bien público como lo es el espectro radioeléctrico. Esa ley que no garantiza el uso social de los bienes de la nación. Esa ley que no garantiza la libertad de expresión y la pluralidad. Es importante tener en mente cuál es el punto de partida de este debate público en torno a los medios en México, el espectro radioeléctrico es un bien público, no pertenece a los concesionarios sino a los habitantes del país, no se comercializa sólo para garantizar las ganancias, sino para favorecer a los ciudadanos, y los ciudadanos en cualquier parte del mundo se benefician cuando el Estado aparta los privilegios e impide la formación de monopolios, cuando promueve la competencia y fomenta la pluralidad, cuando genera beneficios para muchos, no sólo ganancias para pocos. Por eso estamos aquí hoy, para fundamentar que ante el poder de los concesionarios debe haber una contraposición, ante el avance de los intereses particulares debe erigirse la valla de los intereses generales. Ojalá que casos como el de Carmen Aristegui sirvan como catalizador para centrarnos en la meta que nos convoca hoy. La elaboración de una nueva ley de medios, ¿con qué objetivo?, evitar la concentración y el poder excesivo; otorgarle autonomía verdadera a los órganos reguladores y asegurar que no existan conflictos de interés entre sus comisionados; para que haya medios públicos bien financiados y jurídicamente protegidos, para que alguien vigile el interés público en lugar de olvidarse de él. Para que eso ocurra debe haber en este país un gobierno que se asuma como tal, que establezca las contenciones suficientes y necesarias; que erija límites explícitos que garanticen los derechos de quienes resultan afectados por los medios y son con frecuencia denostados por ellos; que asegure las ganancias legítimas en función de concesiones transparentes; que promueva la competencia real en un terreno nivelado del juego. Que conciba a los medios como una plaza pública donde discutamos los problemas del país en vez de evadirlos o distorsionarlos, esa es la agenda que México debe promover, esa es la lista de acciones que el país debe exigir. Esa es la lucha pendiente que los ciudadanos y las organizaciones convocadas hoy nos aprestamos a librar. Porque no puede ser una lucha de políticos o de expertos, para eso estamos aquí hoy, para insistir en que el México del que se hable en la radio y la televisión no sea sólo el que refleje los intereses de los concesionarios, y aún más importante, para insistir que los medios son fiduciarios de un bien público, y que ello conlleva a responsabilidades. ¿Cuáles? Ayudar en la tarea colectiva de la reconstrucción democrática y no lo contrario; fomentar los valores del disenso, la pluralidad, la deliberación, y no al revés. Pero para que eso ocurra la ley de medios tendrá que cambiar, una nueva ley de medios tendrá que propiciar una modificación decisiva en beneficio de la pluralidad que el país necesita. El reto es muy grande, una reforma como ésta enfrenta la resistencia de intereses económicos y políticos con un gran poder sobre la clase política y otros actores sociales, y ante ello es imperativo unirnos para hacer valer nuestra voz en el proceso de reformas legales, y por ello la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) convoca hoy a la conformación de un Frente Nacional por la Reforma de los Medios. Este Frente exige a los legisladores actuar en nombre del interés público, y demanda una legislación que por lo menos contemple a los siguientes aspectos: 1.- Los derechos de los ciudadanos a una comunicación democrática. 2.- El servicio público que deben prestar los medios electrónicos, y los derechos de las audiencias. 3.- La rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, propiedad de la nación. 4.- Aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad. 5.- Una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones, congruente con la convergencia digital. 6.- Un órgano regulador autónomo con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas. 7.- Acceso universal y conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social a los intereses empresariales. 8.- Diversidad en contenidos y promoción de la producción nacional independiente. 9.- Libertad, pluralidad, responsabilidad de acuerdo a estándares democráticos de libertad de expresión que permitan la pluralidad informativa, así como la diversidad en la operación de los medios de comunicación, la privada, comercial, la pública, estatal y la comunitaria sin fines de lucro. 10.- Derecho de réplica. 11.- Integridad de los contenidos, para evitar la censura. 12.- Defensa de los intereses nacionales, y transparentar la inversión extranjera en medios de comunicación electrónica. 13.- Promoción de medios auténticamente públicos, comunitarios y para pueblos y comunidades indígenas. Convocamos hoy, entonces, a la formación de este Frente Nacional por la Reforma de los Medios. Es indispensable que el actual periodo ordinario en el Congreso vuelva a este asunto, un asunto prioritario. Porque México se merece más que los medios que tiene, se merece más que los monopolios que lo aprisionan, se merece más que los legisladores que prometen actuar en torno a este tema, pero lo postergan. México se merece medios que contribuyan a fortalecer la vida democrática y no al revés. México se merece más, y hoy asumimos el compromiso colectivo de lograr que lo tenga. Muchas gracias. Javier Corral Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias por concurrir a la constitución de este Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios de Comunicación. La Asociación Mexicana del Derecho a la Información convocó, finalmente, a 49 organizaciones sociales, de las que hasta ahora hay una respuesta favorable de 47 de ellas y dos están absolutamente en trámite de confirmar su participación. Estamos por ello muy orgullosos, muy satisfechos y muy entusiasmados por la respuesta social que ha habido para la conformación de este frente, además, de último momento han llegado representantes de otras organizaciones sociales que nos han solicitado incorporarse a este Frente Nacional. Diría de entrada que ha solicitado el señor Lic. Lauro Solorea, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, su incorporación de este Frente, en una representación de ocho abogados que están aquí, y por ello diría que estamos iniciando, que estamos empezando y que este Frente hoy comienza y habrá de incorporar más voluntarios. Queremos que el 2008 sea testigo de la mayor reforma de los medios de comunicación, en cuanto asegurar los derechos de los medios de información de los ciudadanos y las libertades de los comunicadores. En el 2007, los partidos políticos se aseguraron un conjunto de derechos y prerrogativas en su relación con el poder de medios de comunicación electrónica en nuestro país, en el que afortunadamente se puso fin al dispendio de miles de miles de millones de pesos que iban a unas cuantas manos, por la vía de la publicidad electrónica. Toca ahora que el Congreso legisle a favor de los ciudadanos a quienes dice representar, que asegure a la sociedad y a su conjunto, un nuevo modelo de comunicación electrónica, plural, libre e independiente, que por primera vez el Congreso disponga que en esta materia, tantas veces prometido y tantas veces pospuesta, hacer algo en favor de sus representantes. Quienes hoy están proponiendo postergar el debate, posponer el dictamen del Grupo Plural sobre estas reformas para el siguiente periodo, lo que en realidad buscan es aplazar de nuevo, de manera indefinida, la decisión, a partir de ello negocian la no reforma para sacar raja de la reforma caída a la que ellos contribuyen a tumbar. Posponer hoy la reforma de los medios, significaría no sólo incumplir la palabra empeñada del compromiso de entregar el próximo 29 de febrero un documento base para una iniciativa de la ley, sino un aplazamiento, además de irresponsable, sería suicida y autodestructivo para la propia clase política en el Congreso que concurrió aprobar la reforma electoral, porque la nueva ley de medios es el complemento absolutamente necesario para emparejar totalmente el terreno en la democracia. Porque aunque ya no se les dé las millonadas a los malagradecidos valores de la televisión, sin un régimen auténticamente de competencias y límites a la propiedad cruzada, estos seguirán decidiendo qué ve o qué no ve la sociedad mexicana, quién vive o quién muere en la política electoral, quién es guapo y quién no lo es en las campañas electorales. A poco no saben los coordinadores parlamentarios en el Senado lo que les ha sucedido en estos meses tras la Reforma Electoral, la manera en la que la televisión los ha ido borrando de la pantalla, a poco no sabe Manlio (Beltrones) y sus colegas coordinadores que se achican en la cobertura informativa, mientras Peña Nieto en el estado de México, Ebrard en el DF, y Emilio González, en Jalisco, burlan las reformas y se meten en la televisión bajo la simulación de las telenovelas, los programas especiales, la preponderancia en los programas de entrevistas de los noticieros estelares. Se necesita una nueva ley de medios para hacer más grande la cancha, para que haya más jugadores, un árbitro imparcial y no capturado por las televisoras, para que la pluralidad exista en la televisión y no unos cuantos tengan en su puñado a la clase política y por ese detrimento a la sociedad en general. Se dice que no hay condiciones, según aparecieron la semana pasada declaraciones del señor senador Ángel Heladio Aguirre, presidente del Grupo Plural para la revisión de las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión. Respetuosamente respondemos, nunca como ahora están dadas esas condiciones para legislar. El debate social se ha ido ampliando en diversos sectores y este acto es una prueba de ello. A pesar de los intentos de sofocarlo, mediante los linchamientos televisivos, ha crecido como nunca la conciencia ciudadana que identifica a la comunicación como un derecho que le pertenece, como un derecho que en su ejercicio permite la exigencia de otros derechos. México carga a la fecha con varias recomendaciones internacionales en materia de derecho a la información y actualización de su legislación de medios electrónicos. Hay varios proyectos de dictamen en las comisiones de las dos cámaras del Congreso que han avanzado mucho en el propósito de una reforma integral de la radio y televisión en México; predictámenes, proyectos de dictámenes, anteproyectos de proyectos de dictámenes. Está muy andado el camino en varios temas y sólo falta voluntad para conjuntar los proyectos y entregarle al país una nueva ley. No sería otra la ruta para concluir de manera igual a los trabajos pasados. La acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de legisladores en la pasada legislatura en contra de la Ley Televisa, esa acción de ese grupo de senadores permitió que un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los puntos más relevantes de aquellas modificaciones legales. En ella se formulan criterios y efectos que son ineludibles para los legisladores, están allí efectos fundamentales para ser tomados en cuenta, no sólo para corregir y subsanar las disposiciones anuladas, sino para legislar atendiendo a un conjunto de 23 recomendaciones que se contienen tanto en el debate de la resolución como en el engrose de la sentencia publicada el 20 de agosto del año pasado y que no tiene más propósitos que hacer compatible a la legislación con la Constitución. Recomendó la Corte legislar para asegurar la función social de los medios, para la eficacia y la prestación de los servicios, para garantizar el uso social de los bienes del dominio de la nación y para evitar fenómenos de concentración. Estos criterios no sólo significan antecedentes jurisprudenciales como marco de interpretación constitucional para la reforma. Son, además, referentes de una dignidad y de un valor soberano del Estado que debieran recuperar para sí todos los poderes en México, esa histórica decisión de la Corte contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral. Sería o por lo menos resultaría difícil, pensar el ambiente de aprobación de la Reforma Electoral sin ese músculo mostrado por la Corte como poder soberano. Las condiciones están dadas. La consecuencia necesaria de todas esas decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y esa nueva Ley de Medios, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la Ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México. El asunto fundamental a resolver es de competencia más que de contenidos, es de pluralidad y diversidad de voces más que de diversificación de servicios o sólo triple play. Es preguntarse dónde está el ciudadano en el proceso de la comunicación que regula las leyes. La mayor amenaza para la libertad de expresión no es una reforma electoral que prohíbe a los agentes económicamente poderosos comprar propaganda político-electoral, la verdadera amenaza es la concentración de los medios en un puñado de personas en este país. La televisión mexicana es, sin duda, una de las más concentradas en el mundo, solamente dos empresas dominan a la audiencia nacional. En el país hay 461 estaciones de televisión comercial, el 94% de ellas son propiedad de dos compañías. Televisa tiene el 56% de las estaciones comerciales en México, y Tv Azteca el 38%. Dos tercios de la inversión publicitaria benefician a Televisa y el resto a la otra empresa; confesado por el propio presidente del Grupo Televisa la semana antepasada, reconoce el 72% de la audiencia nacional concentrada en canales de esa empresa. Cada una de esas dos empresas tiene dos cadenas nacionales y Televisa posee, al mismo tiempo, un sistema de repetidoras adicionales con las que puede articular una tercera cadena nacional. Televisa es el único caso en el mundo en el que una empresa posee cuatro señales de televisión abierta: los canales 2, el 4, el 5 y el 9 en la banda DHF; en una misma plaza ni más ni menos, la capital del país, el espacio de donde puede surgir la salida para otras cadenas de televisión. Y tiene otra frecuencia, el canal 46 en la banda UHF, aunque ahora está restringida, pero la banda es para televisión abierta. Es un fenómeno de concentración simulada en el ámbito internacional, 56% del espectro para televisión comercial, 100% de televisión satelital, 35% de fibra óptica, 38% de cable. Avanzan hacia tener las cuatro únicas plataformas para la transmisión de contenidos. Raúl Trejo Delarbre hizo el año pasado un estudio muy interesante sobre el nivel de concentración del dúopolio televisivo mexicano, en el que, sumadas las estaciones repetidoras, la audiencia y la inversión publicitaria de Televisa y Azteca, se muestra con claridad el nivel de concentración de la televisión en nuestro país, y que con el acaparamiento de esos recursos comunicacionales en manos de tales firmas se propician los índices de concentración más altos, conforme los parámetros establecidos por las Leyes de Competencia y los organismos de competencia en el mundo. Cuatro mil 866 puntos en tenencia de estaciones y cinco mil 862 puntos en audiencias televisivas; no hay otro caso en el mundo con estos niveles de concentración. La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que, de por sí, confiara el privilegio de acceder a una concesión de radio y televisión, y esa capacidad de influencia convirtió a los concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Y con ese poder y con esa influencia trabajan todos los días en el Congreso para que no haya reforma. Nosotros nacemos hoy como frente para trabajar todos los días, en este periodo, para que haya reforma. El impulso social tiene que verse frente a los intereses estrictamente económicos de los dominantes de la radio y la televisión en México. Para esto concurren ahora 47 organizaciones sociales, más las que se sumen, las que se acumulen en esta semana -como dicen en Pronósticos Deportivos-, y vamos a ir a trabajar directamente con los legisladores. Hoy mismo propondremos la primera acción, iremos a una audiencia pública al Senado de la República, esperemos encontrarnos con algunos legisladores para ratificarles nuestra idea, nuestro compromiso, nuestro interés en que sea analizado y atendido el proyecto que la Asociación Mexicana del Derecho a la Información entregó el pasado 7 de noviembre al Grupo Plural para la revisión de la legislación en esta materia, lo dijo Miguel Concha, y se lo agradecemos. También algunos legisladores lo pensaron así, y lo escribió Miguel Ángel Granados Chapa en su columna (Plaza Pública): “La de AMEDI ha sido fruto de esa experiencia y de esas batallas, hasta ahora, la propuesta más acabada, la reconocida como una reforma íntegra, en ese sentido les proponemos marchar a Xicoténcatl que es la sede del Senado de la República, encontrarnos con los legisladores y que escuchen a la comisión o a todos juntos en torno de este impulso, y de esta exigencia que queremos hacer. Y para marchar lo único que les pedimos, en nuestra condición de ciudadanos absolutamente respetuosos del marco de la ley, es que no vayamos a interrumpir el tráfico de la calle sino que nos vayamos por la banqueta para llegar hasta el patio de Xicoténcatl. Inicia pues hoy el Frente Nacional por la Reforma de los Medios electrónicos de comunicación, por una nueva ley de medios, para que no apantallen a los ciudadanos y para que no se apantallen los políticos con la pantalla de la televisión. Que salgan finalmente de ese secuestro en el que los ha tenido rendidos la relación estelar entre políticos y mediáticos. Organizaciones fundadoras del Frente: Poder del Consumidor; Fundar; Fundación Prensa y Democracia (Prende); Fray Francisco de Vitoria, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC; Consejo Nacional para la Enseñanza y la investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc); Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa; Federación Internacional de Periodistas; Artículo 19; Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Fundación Manuel Buendía; Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC); Asociación Mexicana de Productores Independientes (AMP); Sociedad General de Escritores de México (SOGEM); Asociación Mexicana de Comunicadores e Investigadores de la Radio (AMCIR); Sindicato Nacional de la Universidad Autónoma de México (STUNAM); Asociación Nacional para la Reforma del Estado; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Católicas por el Derecho a decidir; Salud Integral para la Mujer (SIPAM); Red Mexicana de Protección a Periodistas; Espacio Tripartito (Coordinadora Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y Coalición Ciudadana Nacional); Asociación de Documentalistas (ADOC); Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-México; GIRE; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; DECA, Equipo Pueblo; Academia Mexicana de Arte Teatral; Asociación Nacional de Actores (ANDA); Colegio Nacional de Economistas; Club de Periodistas A C; Por Paz con Democracia; Fomento Cultural; Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres; Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos; Colectivo 1060; SHOTTAMA A C; Comunicación Comunitaria; Sindicato de Radio Educación; Sociedad de ex alumnos del CUEC; Federación Mexicana de Sociedades Cooperativas y Medios; Alianza de Editoriales Independientes de México; Central Unitaria de Trabajadores, (CUT); Instituto Mexicano de Educación para el Consumo A C; Congreso Nacional de Comunicadores Indígenas.

por: Denisse Dresser