sábado, 30 de agosto de 2008

EDITORIAL

La inseguridad que padece el país desde hace varios años, se ha agudizado tan gravemente que ha motivado que las voces surgidas de los diversos sectores de la población hayan sido escuchadas en los diferentes niveles de gobierno y en las distintas instituciones. Hasta que “la gota que derramara el agua del vaso” y ocurriera el caso del secuestro de un adolescente de 14 años, hijo de un conocido empresario dueño de las prestigiadas casas de deportes “Martí”, fue como ya se tomara en cuenta el preocupante problema que aqueja a la sociedad.
Con este hecho lamentable por el asesinato del joven Fernando Martí, que aún cuando pagaron sus familiares lo exigido por sus secuestradores, estos le quitaron la vida, ello dio origen que al conocerse la noticia por diversos medios las autoridades se vieron obligadas a tomar decisiones inmediatas.
El presidente de la República expresó que ya “basta” con los secuestros y convocó a los ciudadanos a presentar un frente común.
Desde el poder Legislativo el Presidente de la Cámara de senadores Manlio Fabio Beltrones, pidió la “pena de muerte”, los diputados solicitaron aplicar la ley “con todo el rigor”.
En el medio televisivo se difundieron los diferentes programas donde se debatía si ya era el tiempo de aplicar la “pena de muerte” o la “sentencia de cadena perpetua”.
La Comisión de Derechos Humanos, emitió su punto de vista como tal, defendió el derecho a la vida y purgar una pena corporal.
La jerarquía religiosa también hizo lo propio “la defensa al derecho a la vida”.
El delito del secuestro provocó controversia y un intenso debate y en todos los mexicanos una profunda indignación y preocupación. Pero sobre todo miedo, temor, al conocer pocos días después que tras este secuestro estuvieron involucrados comandantes policíacos en activo y expolicías preventivos y judiciales.
El operativo que realizaron para el secuestro es semejante al que se hace diariamente por distintos rumbos de la Ciudad de México y zonas periféricas, que sin una orden por escrito se ejecutan, y en el caso de que un ciudadano solicite quien es el responsable de tal operativo se la niegan y en muchos de los casos solo son motivo de extorsión, pues lejos de revisar si están en regla los documentos, solo se concretan a ver si no se ha cometido ninguna infracción al reglamento de tránsito y hacer que se intimide al conductor, y de esa manera facilitar la extorsión.
El chantaje, la tranza, la corrupción, son la imagen distintiva de la policía, especialmente la judicial. En las caricaturas se les describe con medallas y “esclavas” de oro relumbrante, carros lujosos y como “protectores” de prostitutas, dueños de varias casas o residencias, con varias amantes y grandes cantidades de dinero producto de sus actividades ilícitas.
El Jefe de Gobierno Marcelo Ebrad C. ha anunciado un cambio en el nombre de la policía. Como en el pasado se ha hecho con la corporación policiaca: Dirección General de Policía y Tránsito-Agente del Servicio Secreto-Dirección de Investigaciones Policiacas-Agente Investigador- Secretaria de Seguridad Pública-Policía Judicial del D.F.
Sin embargo no todo puede resolverse en la institución policiaca, con la depuración o cambio de nombre. En las instituciones encargadas de impartir justicia, están permeadas casi en lo general por la gran corrupción que llevan a cabo: Ministerio Público, Jueces, Secretarios, Defensores de oficio, Directores de Reclusorios etc.
La descomposición social que vivimos, es otro de los factores importantes que inciden en la comisión de delitos, ya que sin la presencia de principios y valores es fácil que los presuntos delincuentes se inclinen por la obtención del dinero fácil.
La situación de inseguridad que vive el país es preocupante, pensemos que las medidas legales que se apliquen sirvan para frenar la violencia y el crimen en el país y permitan desterrar también el problema del narcotráfico y no como actos de represión e injusticia por el reclamo de los derechos ciudadanos.

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