La guerra sucia del agua

En diversos foros -uno de ellos en el ámbito internacional celebrado en la ciudad de México- se han hecho infinidad de análisis acerca de la disponibilidad del agua para los humanos. El acceso a este elemento vital, y por ende derecho humano fundamental, no debería ser negado a nadie, ni mucho menos objeto de comercialización o instrumento de presión política. Sin embargo, al margen de cualquier consideración a estas premisas, corporaciones cuyo valor máximo es el dinero y autoridades en complicidad con los primeros o simple y llanamente ansiosas de un poder que están dispuestos a lograr o retener, aun con la muerte de sus gobernados, utilizan el H20 como mercancía o arma de presión social. Si de perversidad hablamos, habría que dilucidar el mayor grado de ésta, entre los socios del señor Jorge Bush padre de la compañía Barrick Gold, con su proyecto “Pascua lama” en los confines de Chile y, los funcionarios del gobierno de la ciudad de México aterrorizando a sus gobernados, con la amenaza del corte de suministro de agua, por supuestos adeudos con relación a este servicio. Respecto al primer crimen, los ecologistas del mundo han dado la voz de alarma, explicando que para llegar al oro, la plata y otros minerales del subsuelo, se pretende quebrar y destruir -por la vía mecánica y de la contaminación- dos glaciares que alimentan los ríos del valle del Félix; en el caso de la ciudad de México, agobiada por la ausencia de mantenimiento de las redes de distribución de agua, cuando menos en la última década, nadie ha explicado a la ciudadanía, que el suministro de agua es un servicio vital, imposible de quitar, restringir o comerciar por persona alguna. El pago que los ciudadanos hacemos, no es por el agua, sino por costo de llevarla hasta la toma de su casa, amenazar con el corte por supuestos adeudos, -en un buen número de casos, las aportaciones de la gente por dicho servicio, simplemente no han sido registradas en el sistema de la tesorería local, pues el control de pagos es deficiente y corrupto- rebasa el ámbito de la ética o la eficacia para caer en el plano de la criminalidad. Ninguna autoridad puede situarse en tal actitud amenazante y de verdadero atropello. Para empezar, La Constitución establece en su capítulo de garantías que “nadie puede ser molestado, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde o motive la causa legal del procedimiento” ¿Imaginará el jefe de gobierno que con los cortes de agua a dependencias federales, los titulares de éstas se plegarán a sus deseos, ambiciones o caprichos? ¿Nadie le ha informado que son los empleados y usuarios de dichas dependencias quienes en realidad sufren por tan atrabiliaria medida? ¿Algún pseudo genio de las finanzas le convenció que con este método medioeval, aumentaría el nivel de recaudación? Las sospechas populares aumentan, en el caso de Chile por la aprobación gubernamental que han dado al proyecto Pascua Lama, y en el caso del mundo, sometido en un ambiente de zozobra por la limitación en el acceso al agua, quienes ganan, aún con tragedias como las inundaciones de Tabasco, los ciclones del caribe o los tsunamis de oriente, son únicamente las compañías transnacionales comercializadoras del líquido. ¿Alguien sabe en cuanto aumentan las ganancias de estos mercaderes, cada vez que se apela a la generosidad de las personas para donar agua? Por supuesto que tenemos derecho a saberlo, como también nos asiste el derecho a exigir que el gobierno, pagado con nuestros impuestos, ponga coto a esa propaganda continua de parte de los socios de las compañías que lucran con el agua, dispuestos a sacrificar un poco para someternos al estrés y el miedo. ¿Alguien sabe de alguna responsabilidad fincada a las empresas francesas y de otras nacionalidades a las que se les ha concesionado en la ciudad de México el manejo de las lecturas de medidores? ¿Quién responde por las omisiones en el registro de pagos que aumenta la utilidad bancaria, por la vía del manejo de dinero que aportamos los ciudadanos?

Por: Lilia Cisneros Luján