CARTA DE MEXICO-XOCHIMILCO
"POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE RECUPERACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS”
Primera Parte
"POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE RECUPERACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS”
Primera Parte
Los participantes del XXVII Symposium Internacional de Conservación del Patrimonio Monumental organizado por ICOMOS Mexicano A. C., reunidos en el Ex-Convento de San Bernardino en Xochimilco, manifiestan en primer término su agradecimiento y reconocimiento al apoyo brindado por el Gobierno del Distrito Federal y en especial a la Autoridad del Centro Histórico, a la Secretaría de Cultura y a la Jefatura de Gobierno de Xochimilco para la celebración de este evento, al cual acudieron diversos especialistas en múltiples disciplinas provenientes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, España, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, así como de diversas ciudades de nuestro país, para discutir el tema "Las Políticas Públicas en la Recuperación de los Centros Históricos".
Después de ser leídas y discutidas las ponencias que, divididas en cuatro mesas: "Evaluación de Políticas Públicas”, “Participación de la Sociedad Civil”, “Recuperación de Espacios Públicos” y “La preservación del Patrimonio Intangible” los asistentes deciden adoptar el siguiente texto como sus propias conclusiones y recomendaciones.
CONSIDERANDO:
Que a lo largo de este Symposium se ha discutido sobre la importancia, en el diseño, discusión e implementación de las políticas públicas en materia de conservación del Patrimonio Cultural, entendiendo que las mismas constituyen el fundamento de los proyectos, acciones e instrumentos destinados a la protección, recuperación, mejoramiento y puesta en valor de los sitios y bienes monumentales que emprendan las autoridades. En el caso de los Centros Históricos, por su naturaleza compleja, diversidad de usos, su potencial económico, multiplicidad de actores y las presiones a las que se encuentran sujetos, la definición de políticas culturales que favorezcan la conservación, la gobernabilidad, el desarrollo económico y el desarrollo social constituyen un reto para las autoridades a todos los niveles de gobierno.
Que el diseño de políticas públicas que garanticen la conservación del Patrimonio, su adecuada incorporación en la vida colectiva y la participación social representa una preocupación que ha sido reflejada en diversos instrumentos internacionales, en especial, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, así como la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Que la multiplicidad de fenómenos de carácter político, económico, social y cultural que se generan en el marco de un mundo globalizado, cada día más cercano por el desarrollo de las telecomunicaciones, del turismo y de las tecnologías de la información, requieren una política que contribuya a la preservación del Patrimonio Cultural y su papel en los procesos de desarrollo bajo un criterio de sustentabilidad.
Que el conocimiento cada vez más profundo de las diferentes expresiones sociales, significados, mensajes y relaciones que conviven y dan sentido al Patrimonio Construido y su interrelación con el medio ambiente y la comunidad, obligan a las políticas públicas deban partir de un concepto de patrimonialidad amplio, abierto e incluyente.
En virtud de lo anterior, se adoptan las siguientes:
CONCLUSIONES
La conformación de una protección, mejoramiento y recuperación del Patrimonio Cultural debe contar con el sustento de una política pública, generada como resultado del concurso de las autoridades a todos los niveles de gobierno y los diversos sociales sectores involucrados con el Patrimonio Cultural y a partir de la realización de los estudios y el diagnóstico necesarios que permitan identificar los bienes y sitios a proteger y las problemáticas que son necesarias de atacar, así como las necesidades y expectativas sociales que deben atenderse.
Las autoridades, a todos los niveles de gobierno, deberán considerar la conservación, valorización y enriquecimiento del Patrimonio Cultural como un elemento clave en la construcción de las políticas públicas, así como de los programas, instrumentos y las acciones que se generen a partir de las mismas, con toda la amplitud que sea necesaria; tomando en consideración que la necesaria incorporación del Patrimonio Cultural en la vida colectiva requiere no solo que las políticas patrimoniales sean integrales, sino que las políticas públicas relacionadas a temáticas no patrimoniales, -tales como turismo, desarrollo urbano, desarrollo económico, educación, vivienda, transporte- deban incorporar como un criterio rector la protección de los monumentos, sitios y espacios culturales. En este sentido, las soluciones parciales o fragmentadas en muy poco contribuyen a la protección del Patrimonio Cultural y la complejidad que éste conlleva en la vida social.
Las políticas públicas en materia de protección del Patrimonio Cultural deben privilegiar el uso racional y adecuado de los monumentos y los procesos vitales que se desarrollen en los centros históricos y zonas monumentales, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y el combate a la pobreza.
Los programas, proyectos e instrumentos que se generen las autoridades deben ser congruentes con los objetivos y estrategias que se definan a partir de la construcción de una política pública destinada a la protección, mejoramiento y recuperación de los monumentos y sitios. Lo anterior supone la constante revisión y actualización del marco normativo que regula el Patrimonio Cultural, en cualquiera de los niveles de gobierno, con el fin de que dicho instrumento regulatorio sirva de instancia de resolución de los conflictos que se susciten con relación a la conservación del Patrimonio y las amenazas que se presentan por la presencia de los intereses económicos interesados en la explotación comercial de un bien de naturaleza eminentemente colectiva. Bajo este presupuesto, los rezagos reglamentarios o el simple silencio de la ley constituye por si mismo un riesgo para la conservación del Patrimonio.
Las políticas públicas en materia de Patrimonio Cultural deben caracterizarse por una eficiencia administrativa. En este sentido, las políticas públicas patrimoniales deben traducirse en proyectos a largo, mediano y corto plazo, con términos ciertos, definición clara de responsabilidades y mecanismos de evaluación, seguimiento y control a partir de indicadores que realmente reflejen los efectos favorables o adversos que se provoquen en el Patrimonio Cultural y en la población. En este sentido, se considera como una buena y sana práctica en el la evaluación de los efectos de las políticas y proyectos del Patrimonio Cultural no se lleve a cabo por parte de las propias autoridades responsables de las acciones emprendidas, sino por entes externos que cuenten con la experiencia profesional y académica necesaria para calificar de manera objetiva estas políticas y proyectos, así como para emitir las recomendaciones que sean pertinentes cuando se encuentren efectos adversos de la ejecución de dichas acciones de gobierno.
Después de ser leídas y discutidas las ponencias que, divididas en cuatro mesas: "Evaluación de Políticas Públicas”, “Participación de la Sociedad Civil”, “Recuperación de Espacios Públicos” y “La preservación del Patrimonio Intangible” los asistentes deciden adoptar el siguiente texto como sus propias conclusiones y recomendaciones.
CONSIDERANDO:
Que a lo largo de este Symposium se ha discutido sobre la importancia, en el diseño, discusión e implementación de las políticas públicas en materia de conservación del Patrimonio Cultural, entendiendo que las mismas constituyen el fundamento de los proyectos, acciones e instrumentos destinados a la protección, recuperación, mejoramiento y puesta en valor de los sitios y bienes monumentales que emprendan las autoridades. En el caso de los Centros Históricos, por su naturaleza compleja, diversidad de usos, su potencial económico, multiplicidad de actores y las presiones a las que se encuentran sujetos, la definición de políticas culturales que favorezcan la conservación, la gobernabilidad, el desarrollo económico y el desarrollo social constituyen un reto para las autoridades a todos los niveles de gobierno.
Que el diseño de políticas públicas que garanticen la conservación del Patrimonio, su adecuada incorporación en la vida colectiva y la participación social representa una preocupación que ha sido reflejada en diversos instrumentos internacionales, en especial, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, así como la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Que la multiplicidad de fenómenos de carácter político, económico, social y cultural que se generan en el marco de un mundo globalizado, cada día más cercano por el desarrollo de las telecomunicaciones, del turismo y de las tecnologías de la información, requieren una política que contribuya a la preservación del Patrimonio Cultural y su papel en los procesos de desarrollo bajo un criterio de sustentabilidad.
Que el conocimiento cada vez más profundo de las diferentes expresiones sociales, significados, mensajes y relaciones que conviven y dan sentido al Patrimonio Construido y su interrelación con el medio ambiente y la comunidad, obligan a las políticas públicas deban partir de un concepto de patrimonialidad amplio, abierto e incluyente.
En virtud de lo anterior, se adoptan las siguientes:
CONCLUSIONES
La conformación de una protección, mejoramiento y recuperación del Patrimonio Cultural debe contar con el sustento de una política pública, generada como resultado del concurso de las autoridades a todos los niveles de gobierno y los diversos sociales sectores involucrados con el Patrimonio Cultural y a partir de la realización de los estudios y el diagnóstico necesarios que permitan identificar los bienes y sitios a proteger y las problemáticas que son necesarias de atacar, así como las necesidades y expectativas sociales que deben atenderse.
Las autoridades, a todos los niveles de gobierno, deberán considerar la conservación, valorización y enriquecimiento del Patrimonio Cultural como un elemento clave en la construcción de las políticas públicas, así como de los programas, instrumentos y las acciones que se generen a partir de las mismas, con toda la amplitud que sea necesaria; tomando en consideración que la necesaria incorporación del Patrimonio Cultural en la vida colectiva requiere no solo que las políticas patrimoniales sean integrales, sino que las políticas públicas relacionadas a temáticas no patrimoniales, -tales como turismo, desarrollo urbano, desarrollo económico, educación, vivienda, transporte- deban incorporar como un criterio rector la protección de los monumentos, sitios y espacios culturales. En este sentido, las soluciones parciales o fragmentadas en muy poco contribuyen a la protección del Patrimonio Cultural y la complejidad que éste conlleva en la vida social.
Las políticas públicas en materia de protección del Patrimonio Cultural deben privilegiar el uso racional y adecuado de los monumentos y los procesos vitales que se desarrollen en los centros históricos y zonas monumentales, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y el combate a la pobreza.
Los programas, proyectos e instrumentos que se generen las autoridades deben ser congruentes con los objetivos y estrategias que se definan a partir de la construcción de una política pública destinada a la protección, mejoramiento y recuperación de los monumentos y sitios. Lo anterior supone la constante revisión y actualización del marco normativo que regula el Patrimonio Cultural, en cualquiera de los niveles de gobierno, con el fin de que dicho instrumento regulatorio sirva de instancia de resolución de los conflictos que se susciten con relación a la conservación del Patrimonio y las amenazas que se presentan por la presencia de los intereses económicos interesados en la explotación comercial de un bien de naturaleza eminentemente colectiva. Bajo este presupuesto, los rezagos reglamentarios o el simple silencio de la ley constituye por si mismo un riesgo para la conservación del Patrimonio.
Las políticas públicas en materia de Patrimonio Cultural deben caracterizarse por una eficiencia administrativa. En este sentido, las políticas públicas patrimoniales deben traducirse en proyectos a largo, mediano y corto plazo, con términos ciertos, definición clara de responsabilidades y mecanismos de evaluación, seguimiento y control a partir de indicadores que realmente reflejen los efectos favorables o adversos que se provoquen en el Patrimonio Cultural y en la población. En este sentido, se considera como una buena y sana práctica en el la evaluación de los efectos de las políticas y proyectos del Patrimonio Cultural no se lleve a cabo por parte de las propias autoridades responsables de las acciones emprendidas, sino por entes externos que cuenten con la experiencia profesional y académica necesaria para calificar de manera objetiva estas políticas y proyectos, así como para emitir las recomendaciones que sean pertinentes cuando se encuentren efectos adversos de la ejecución de dichas acciones de gobierno.
En las políticas públicas que se refieran a la protección del Patrimonio Cultural deberá considerase proyectos que estén orientadas al desarrollo sustentable de los monumentos y sitios, entendiendo por este concepto no solo el uso racional del Patrimonio Cultural para su transmisión a generaciones futuras, sino en la creación de programas que, bajo esquemas de asociación y corresponsabilidad social, permita a los habitantes generan proyectos productivos con vocación a la conservación que representen una serie de beneficios: la revalorización de su Patrimonio, el fortalecimiento del arraigo e identidad, así como un mejoramiento en su calidad de vida.
Las políticas publicas en materia de preservación del Patrimonio Cultural deben atender a este universo bajo una perspectiva amplia e integral, procurando establecer programas, instrumentos y acciones que privilegien el vínculo entre el Patrimonio Tangible y el Patrimonio Inmaterial; el monumento o sitio con su entorno natural y construido; el bien o zona cultural con el espíritu o significado del lugar; el Patrimonio Cultural con las necesidades sociales que lo acompañen. En todo caso, es necesaria la creación de políticas que superen una concepción fragmentada o limitada de lo patrimonial, en aras de una conservación más profunda.
Considerando que el entorno natural y circundante a monumentos y conjuntos paisajísticos culturales son de vital e inobjetable importancia en la salvaguarda del Patrimonio Cultural, se reconoce que el reconocimiento, la investigación, preservación y rescate tace de la flora y fauna de valor patrimonial se asocia indisolublemente a la preservación del Patrimonio en su conjunto. Es por ello que es necesario incorporar la conservación de la flora y fauna de valor histórico a las políticas gubernamentales, principalmente en el ramo de Ecoturismo y de autosustentabilidad natural.
Las políticas, proyectos, y acciones que las autoridades emprendan con relación al Patrimonio Cultural deben contar con plena legitimidad social. Lo anterior supone la activa participación social en la definición, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos y acciones que emprendas las autoridades con relación al Patrimonio. Por ser un bien de trascendencia comunitaria, todo proyecto que involucre al Patrimonio Cultural debe ser objeto de la apropiación de la comunidad que se beneficie de dichas acciones, a partir de la revalorización y reforzamiento de la vinculación del monumento o sitio con los habitantes y usuarios. A través de diversas experiencias expuestas a lo largo de este Symposium, se pudo corroborar que ninguna proyecto generado a espaldas de la sociedad civil puede transitar hacia el éxito o permanencia, en virtud de las resistencias que provoca. Para tal efecto, es recomendable acudir a instrumentos legales convenientes, como son las leyes en materia de participación ciudadana.
El patrimonio constituye una plataforma estratégica para el fomento de la corresponsabilidad social entre primero, segundo y tercer sector a nivel nacional e internacional
Las oportunidades de la globalización para construir nuevos agentes sociales y civiles orientados al rescate de lo que conforma el espíritu de una comunidad (lo que “nos” une), a partir de figuras de cooperación para el desarrollo.
Es imprescindible garantizar la protección territorial de las regiones donde se contextualizan los sitios ciudades y monumentos con valor patrimonial. El otorgamiento de reconocimientos internacionales de patrimonio mundial, no ha sido suficiente para comprender que un sitio no es autónomo, ni mucho menos aislado de su contexto sociocultural y territorial. El caso de las chinampas de Xochimilco constituye un ejemplo de obstáculo respecto del amortiguamiento necesario que hubiera requerido preservar respecto de áreas no protegidas internacionalmente, hecho que a sus vez ha interferido en la normatividad orientada a garantizar la preservación integral de la zona.
Es fundamental incorporar a grupos estratégicos de la comunidad para garantizar el involucramiento de las comunidades en la permanencia y continuidad de la aplicación de políticas públicas. Este es el caso de los niños, los adultos mayores, los grupos con capacidades diferentes, etc. Intentar aplicar políticas de conservación por encima de las comunidades, repercute negativamente en la apropiación social indispensable para que éstas garanticen su vigencia y continuidad.
Es preciso impulsar esquemas de difusión que generen vínculos de la comunidad con las estrategias de preservación de los valores patrimoniales, afines con un sentido de compromiso y corresponsabilidad que garantice la vigencia de políticas publicas por encima de las administraciones en turno.
La creación de políticas públicas en materia de protección del Patrimonio Cultural debe garantizar la coordinación de las autoridades en diversas perspectivas: una coordinación vertical entre los diferentes niveles de gobierno y una coordinación horizontal que involucre a las distintas dependencias y entidades de un nivel de gobierno cuando se encuentren involucradas en el manejo de los monumentos y sitios. Igualmente, conforme a diversas experiencias expuestas a lo largo de este evento demostraron que la existencia de una oficina especializada con suficiente capacidad de gestión y un sustento presupuestario suficiente, puede transformarse en un interlocutor válido que permita una adecuada implementación y manejo de las políticas públicas relacionadas con los monumentos y sitios.
Además de los instrumentos de regulación, es importantes que las políticas públicas en materia de monumentos y sitios se traduzcan en instrumentos de planeación adecuados y especializados. Para lo anterior, el diseño y emisión de un plan de manejo especial por cada sitio o conjunto patrimonial, permite establecer un soporte que provea de certidumbre y congruencia a la acción gubernamental con relación a sus monumentos y sitios. Pudo percatarse a lo largo de este Symposium que los casos más exitosos en materia de conservación del Patrimonio Cultural suponen la existencia de un plan de manejo.
Es importante mantener una estrecha vinculación entre las políticas, proyectos y acciones públicas en materia de preservación del Patrimonio con las políticas fiscales y de financiamiento. Por tratarse de una inversión de carácter social, la conservación del Patrimonio debe constituir un elemento a considerarse en el diseño de los instrumentos públicos que contengan incentivos de fácil acceso para quienes deseen emprender o apoyar económicamente proyectos viables de protección.
En los planes y proyectos relativos a la protección de los monumentos y sitios deberán estar enfocados a reforzar los sentimientos de identidad, promover la idea de la diversidad, garantizar la interculturalidad y estimular el intercambio cultural.
Es necesario que las políticas públicas patrimoniales se vinculen de manera directa a los planes y programas educativos, así como a los programas de difusión sobre la importancia de preservar los monumentos y sitios que implementen las autoridades a todos los niveles de gobierno. Solo podrá garantizarse el involucramiento de la sociedad en el marco del diseño e implementación de políticas públicas y proyectos específicos, cuando esté conciente de la importancia de lo que se pretende proteger.
El papel de la educación en la innovación y transferencia de tecnología para la sustentabilidad y autosuficiencia además de promover el desarrollo de nuevas profesiones, permite la vinculación de acciones que promuevan el desarrollo de la gestión, las cadenas productivas, la innovación y la autosuficiencia todas vinculadas a proyectos sociales a favor del racional aprovechamiento y conservación del Patrimonio Cultural.
La Distribución Social del Conocimiento constituye una relación estratégica del vínculo “educación-innovación” asentado en el sistema de instituciones de educación superior, por lo que la participación de las instituciones de educación superior en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de protección del Patrimonio.
Es indispensable involucrar a las comunidades en la preservación y normatividad que regule la conservación de sus valores patrimoniales. Para esto es fundamental orientar el desarrollo de modelos de educación integral que favorezcan la identificación, el reconocimiento y apropiación colectiva de los valores patrimoniales por parte de las comunidades locales.
Para el caso de la recuperación de espacios públicos patrimoniales, esta tarea requiere de una serie de acciones coordinadas y de muy diversa índole. En este sentido, un política pública en esta materia requiere no solo de la atención a la conservación del espacios públicos patrimoniales y de las construcciones que los acompañan y delimitan, sino de compartir la visión integral a la que ya se ha hecho referencia, por lo que deberá comprender, cuando menos, aspectos que permitan mejorar la calidad de vida de la población involucrada con ese espacio, tales como transporte y movilidad, iluminación, servicios públicos, seguridad pública y la promoción de los valores intangibles que se encuentran vinculados al espacio a preservar. En este sentido, los espacios públicos que sean recuperados deberán también reivindicarse a partir de su asignación a un fin de naturaleza social que beneficie a la comunidad.
Debe existir una correspondencia entre los propios estilos de vida, de las poblaciones y los usos de sus espacios colectivos. De aquí que se proponga una revitalización de las prácticas sociales y culturales para arraigar nuevos usos y adecuación de los espacios a un sentido de la vida sostenible y contemporáneo.
El papel de recuperación de la memoria colectiva es fundamental para situar en los beneficiarios directos de los valores patrimoniales, la valoración y cuidado de los mismos. La salvaguarda de los sitios no puede despender solamente de los políticos y transitoriedad de los gobiernos y sus planes de administración. Es la opción ciudadana quien debe encargarse de mantener la vigencia del rescate y recuperación de los bienes patrimoniales. El papel que juega la revaloración del pasado es fundamental, ya que muchas veces la violentación de los usos del territorio son consecuencia de un olvido que debe ser divulgado como parte de un testimonio que ha quedado depuesto en detrimento de las poblaciones locales. Pensar que el futuro trae valor agregado a las localidades solo por la comercialización, ha traído como consecuencia la indiferencia y la falta de cuidado de los sitios por parte de los pobladores.
Es fundamental crear museos vivos y mediante ellos disponer de formas adecuadas de recuperación de la memoria colectiva que den respuesta a las necesidades colectivas de recuperar las raíces originales que garantizan un sentido de continuidad entre pasado presente y futuro.
Para que la sociedad se identifique con las formas y símbolos de sus espacios públicos, debe aprender a identificarlos como propios, a partir de agregar valor a sus referentes de acción cotidiana.
Por tratarse de un tema especialmente sensible en la recuperación de espacios públicos, la erradicación del comercio ambulante en sitios patrimoniales deberá de partir de una acción gubernamental que contemple la reubicación de los comerciantes mediante la identificación y acondicionamento de espacios adecuados para que continúen con su actividad comercial, la creación de estímulos y ayudas para quienes han sido reubicados y la propuesta de soluciones viables que les permita a los comerciantes en vía pública decidir por continuar su actividad mercantil dentro de la formalidad con representar una serie de beneficios atractivos para estas personas.
El turismo es una empresa que puede constituir un detonador estratégico para la preservación del patrimonio y el combate a la pobreza, si se concibe como complementario del desarrollo integral en conjunto con cadenas productivas, diversificación productiva, educación para la autosuficiencia y desarrollo de infraestructura. El valor agregado del patrimonio, depende de aprender a vivir de él como una forma de acción colectiva que asegure construir socialmente un horizonte de uso compartido. Sobre la base de poner el turismo al servicio del patrimonio y no viceversa, que ha sido la causa del riesgo y destrucción de los valores patrimoniales con la consecuente degradación y falta de reconocimiento de los grupos locales, así como la saturación y falta de control de la voracidad de intereses privados sin políticas de conservación y sustentabilidad. Priorizar el ingreso de divisas por encima de políticas de manejo integral de los valores patrimoniales, ha terminado por sustituir el carácter del turismo cultural por el de aventura.
Es por ello fundamental que las políticas públicas patrimoniales promuevan la empresa y no la industria del turismo, la cual está destinada a generar empleo en lugar de promover el desarrollo de iniciativas derivadas del manejo sostenido de los recursos patrimoniales por parte de los grupos locales capacitados, ha favorecido el deterioro de los mismos con el consecuente deterioro y degradación de las comunidades de origen y de sus recursos socioculturales y medioambientales.
Es preciso evitar que los sitios patrimoniales se vean rebasados por una falta de control y regulación del turismo. Es indispensable generar alternativas de manejo, monitoreo y auto-desarrollo a favor del desarrollo de grupos y comunidades locales capaces de contener la voracidad inmediatista de intereses privados.
RECOMENDACIONES:
Si bien, es digno de reconocerse los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México por ordenar el comercio informar del Centro Histórico, los asistentes a este Symposium hacen un llamado para que en la asignación de los espacios para su reubicación no se proceda a la demolición de inmuebles patrimoniales como ha sucedido en varios casos, particularmente preocupa el localizado en, Regina 97, que significó la pérdida de un inmueble virreinal de indiscutible valor patrimonial, por lo que se recomienda se reconstruya (ya que existe toda información para ello) en pleno respeto a lo establecido en la Ley Federal de Monumentos y Zonas con lo que dejará un precedente a nivel nacional. En este sentido, se hace una recomendación al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que involucre en este proceso tanto al INAH como al INBA, quienes a su vez, deberán constituir un organismo de consulta obligada para las acciones que se emprendan en esta materia.
Se recomienda al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional de Xochimilco que se incrementen las acciones con el fin de preservar los valores culturales y naturales de este sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. Se recomienda que las acciones que empresas las autoridades en esta zona, deban de contar no solo con el aval de las instituciones culturales competentes, sino a partir de una consulta amplia con los pobladores del lugar, quienes son depositarios de un rico patrimonio intangible vinculado con esta zona.
Se recomienda al Gobierno Federal la revisión de los programas públicos vinculados con la protección del Patrimonio Cultural, especialmente los Programas de Pueblos Mágicos y el Programa Habitat con el fin de eficientar en el ámbito administrativo sus criterios y presupuestos a fin de otorgar una más amplia, pero real, ayuda a la conservación del Patrimonio Cultural mexicano.
Se recomienda al Gobierno del Estado de Puebla la revalorización y modificación del proyecto del centro expositor y del centro cívico cultural “5 de mayo” que pretende realizar sin dar cumplimiento a lo marcado por la legislación aplicable. En este sentido, los asistentes manifiestan un extrañamiento por el diseño de un proyecto que atente en contra de uno de los lugares más trascendentes para la historia de Puebla y de la Nación, hecho que se agrava cuando se ha demostrado a lo largo de este evento que no se han cumplido con los permisos y licencias marcados por la legislación federal aplicable. En este sentido, se recomienda al INAH su inmediata intervención con el fin de detener las obras antes descritas.
Se recomienda a las autoridades del Gobierno de Guanajuato se revise y en su caso, modifiquen los criterios por lo que se está conduciendo el incremento de la zona nueva en esa ciudad, toda vez que la misma está sujeta a criterios eminentemente económicos y no representa un beneficio para el Centro Histórico de esta población inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial.
Se recomienda a las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco se lleven a cabo las acciones jurídicas, administrativas y materiales necesarias para garantizar los proyectos destinados a la protección y al desarrollo sustentable de la región agavera recientemente inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial.
Se recomienda al Gobierno de los Estados Unidos y Puerto Rico procedan a llevar las acciones necesarias para garantizar la protección de la zona arqueológica de Jácana, bajo el entendido que ninguna obra de infraestructura, salvo en casos de real urgencia, puede ser legítima si con ella se provoca un daño al Patrimonio Cultural y mucho menos en el caso de pueblo que mantenido una fuerte vinculación con sus valores originarios, como es la sociedad portorriqueña.
Se recomienda al ICOMOS Mexicano, A.C. acercarse y negociar un convenio de colaboración con las instancias federales competentes, así como la Comisión Nacional Forestal e instituciones académicas, con el fin de establecer proyectos destinados a la identificación, investigación, rescate y restauración del entono natural circundante a sitios patrimoniales, zonas paisajísticas culturales y espacios en los que se encuentren la flora y fauna de valor cultural.
Se recomienda a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las instituciones académicas, llevar a cabo proyectos con el fin de digitalizar la información relativa a monumentos y sitios patrimoniales, cuyas bases de datos debieran estar interconectadas, con el fin de proveer a las autoridades, instituciones académicas y sociedad civil de una herramienta de información para el mejor conocimiento del Patrimonio Cultural.
Se recomienda a las autoridades mexicanas impulsar la definición y protección de la ruta precolombina (desde Aridoamérica hasta la Patagonia) y el diálogo ininterrumpido entre América y Occidente a través de las instituciones universitarias creadas por Carlos V como una relación trilateral: España (Universidad de Alcalá de Henares y Salamanca), Praga (Universidad Carolinea) y América (la Pontificia Universidad de México y la Pontificia Universidad de Perú).
Se recomienda el Rescate del Mural de David Alfaro Siqueiros, denominado “Ejercicio Plástico” (1933) y abandonado por acciones legales en la Ciudad de San Justo, en Buenos Aires hace 17 años, presentada por el Vicepresidente del ICOMOS de América, Carlos Pernaut, el Comité Argentino del ICOMOS, la Universidad de Morón en Argentina, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dada en la Ciudad de México - Xochimilco, a los 8 días del mes de Diciembre de 2007
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