Hace apenas unos días se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación la noticia de que las reservas petroleras de México podrían llegar a durar no más de 7 años. También se ha informado con regularidad que la situación de inestabilidad política en otros países productores de petróleo han significado recortes importantes en su extracción, y que si a todo ello le sumamos la gran demanda de potencias emergentes como China e India, tenemos como resultado que el precio del barril del “oro negro” se encuentre en máximos históricos que nadie sabe hasta donde puedan llegar.
Lo que sí se sabe, y esto es un efecto inmediato, es que los altísimos costos de los hidrocarburos están repercutiendo muy negativamente en la inflación y en la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores de la población.
Mientras en México se sigue perdiendo el tiempo en larguísimos e infructuosos debates sobre si debe llegarse o no a una reforma petrolera y qué alcances e implicaciones debe tener ésta, sobre todo si se considera que en un futuro más bien cercano este combustible se va a acabar, en otros países se han puesto a trabajar duramente para desarrollar fuentes alternas de energía: en Brasil son punteros en la investigación, desarrollo y producción de biocombustibles, en algunos países del norte de Europa están apostando por la energía eólica y en España están impulsando fuertemente el uso de la energía solar.
La apuesta por esta forma de energía es totalmente lógica si se considera el hecho de que España es uno de los países europeos con mayor número de horas de sol al año. Sin embargo, hace falta algo más que lógica, esto es: voluntad, ganas de trabajar y una legislación adecuada, para que iniciativas que permitan terminar con la excesiva dependencia de los hidrocarburos puedan tener garantía de éxito.
En el caso de España, donde desde hace algunos años existe una verdadera preocupación por que las viviendas sean sostenibles, y donde más allá de una consideración meramente económica se ha observado un mayor interés por los temas medioambientales, desde hace un tiempo se han puesto de moda las placas solares. Su uso, cada vez más extendido, se encuentra regulado en el Código Técnico de la Edificación (CTE), que entró en vigor en septiembre del año pasado, y que es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de las casas, edificios y sus instalaciones. En él cabe destacar la normativa que establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia energética, incluyendo el uso de energía solar, ya sea térmica o fotovoltaica en aquellas edificaciones nuevas o en proceso de rehabilitación.
Aquí es importante señalar que existen dos tipos de placas solares: las placas fotovoltaicas, que son capaces de obtener energía eléctrica a partir de la radiación solar, y las placas solares térmicas, que sirven para obtener agua caliente de uso doméstico, y como tales se utilizan como apoyo a los sistemas de calefacción de las casas y edificios, e incluso se emplean para calentar piscinas.
Las estadísticas dicen que las más demandadas son las placas fotovoltaicas, aunque su uso está mayoritariamente destinado a los sectores industriales que necesitan mayor voltaje (como es el caso de las industrias del sector alimenticio), aunque poco a poco se empiezan a ver más en viviendas unifamiliares, hoteles, hospitales, deportivos y otros emplazamientos del sector turístico.
El aspecto que hay que recalcar es que, por ley, las compañías eléctricas están obligadas a comprar, absorber en su red y distribuir toda la electricidad producida y no consumida por los propietarios de las placas. Este es un elemento importantísimo, puesto que incentiva enormemente la instalación de placas fotovoltaicas en un número cada vez mayor de construcciones, pues aunque originalmente las placas son muy costosas y la inversión requerida es importante, se puede recuperar la inversión en relativamente poco tiempo.
Por otra parte, hay varias Comunidades Autónomas (el equivalente de los Estados) y ayuntamientos que ofrecen ayudas a las empresas constructoras para que coloquen equipos de captación de energía solar en las azoteas de los edificios. El Gobierno, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, también concede subvenciones para instalar placas solares. Sólo por citar un ejemplo, la Junta de Andalucía concede 700€ (unos 11500 pesos) por cada equipo instalado.
En España se ha podido comprobar que el ahorro energético y la consiguiente reducción del impacto medioambiental que se consigue con el uso de la energía solar son considerables. Y en términos de ahorro económico personal, con estas instalaciones las facturas de luz o gas se pueden llegar a reducir hasta el 40%, e incluso llegando al 50% en viviendas bien aisladas.
Es totalmente reprobable que en México, donde se cuenta con un territorio tan extenso y soleado, no se tomen medidas adecuadas para impulsar el uso de la energía solar. Quizá es miopía, quizá falta de previsión, o es que quizá haya algunos miembros de la clase política con intereses personales y oscuros vinculados con el petróleo.
Daniela Torres
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